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Carlos Telleldín salió del país mientras enfrenta denuncias por violencia de género, amenazas y deudas alimentarias

Santa FeRedacción20 de noviembre de 2026
Carlos Telleldín salió del país mientras enfrenta denuncias por violencia de género, amenazas y deudas alimentarias

El abogado condenado por peculado en la causa AMIA viajó a Uruguay el 7 de noviembre, pese a los pedidos de medidas cautelares formulados por un fiscal federal. Su expareja, Noelia Cardinali, lo denunció por presuntos episodios de maltrato y amenazas contra ella y su hijo de 11 años. Además, enfrenta un reclamo millonario por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La salida de Argentina del abogado Carlos Telleldín, de 66 años, generó nuevos cuestionamientos en el ámbito judicial de Santa Fe, donde enfrenta denuncias por presunta violencia de género, amenazas y maltrato contra su expareja y el hijo de 11 años que tienen en común.

Telleldín, condenado por peculado en una causa vinculada con el atentado a la AMIA, abandonó el país el pasado 7 de noviembre con destino a Uruguay. Según la información conocida, habría viajado con la intención de gestionar la ciudadanía uruguaya y posteriormente establecerse en Brasil.

El traslado se produjo pese a que el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso había solicitado a la Justicia santafesina la adopción de medidas cautelares, la realización de diligencias probatorias y la convocatoria del abogado a una audiencia imputativa.

La situación también involucra un reclamo por alimentos que, según los antecedentes mencionados, asciende a 34 millones de pesos, mientras que la abogada de la denunciante impulsa una demanda por una deuda de 36 millones.

Las denuncias presentadas por su expareja

Noelia Cardinali, quien reside en la ciudad de Santa Fe junto a su hijo, denunció durante 2025 distintas situaciones de presunta violencia y amenazas atribuidas a Telleldín.

La mujer es madre de cuatro hijos, el menor de ellos fruto de una relación con el abogado, con quien convivió durante un breve período.

Según relató, decidió terminar la convivencia debido a situaciones de maltrato que habría sufrido durante el embarazo.

La primera denuncia penal fue presentada en noviembre del año pasado ante la Fiscalía de Santa Fe.

Cardinali afirmó que, mientras permanecía internada por una descompensación, su hijo estuvo temporalmente bajo el cuidado de Telleldín y habría sufrido situaciones de maltrato.

También denunció que el abogado dejó posteriormente al niño en un hogar de huérfanos de Morón, desde donde ella lo retiró después de recibir el alta médica.

La mujer aseguró haber recibido expresiones intimidatorias y manifestó preocupación por su seguridad y la de su hijo.

Entre las amenazas que atribuyó a su expareja mencionó frases como “cuando tu hijo se muera no vas a recibir ni un vaso de agua mía” y “los que me molestan se caen en la bañera”.

Cuestionamientos por la falta de avances judiciales

Cardinali sostuvo que la denuncia presentada en Santa Fe no registró avances significativos y reclamó medidas de protección.

Según expresó, ni ella ni su hijo fueron convocados a prestar declaración en el marco de la investigación.

La mujer manifestó su preocupación por la falta de respuestas institucionales ante los episodios denunciados y advirtió sobre el temor que le genera la posibilidad de que Telleldín permanezca fuera del país.

También señaló que el abogado mantiene vínculos con personas relacionadas con actividades delictivas, circunstancia que, según su percepción, incrementa su sensación de inseguridad.

Cardinali se encuentra actualmente de licencia en su empleo en una concesionaria y tiene a su cargo el cuidado de sus hijos.

Una deuda millonaria por alimentos

En paralelo a las denuncias penales, Telleldín afronta un proceso judicial por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

La causa se tramita ante el Juzgado de Familia Nº 1 de la ciudad de Santa Fe.

La abogada Sofía Ackermann, representante de Cardinali, inició acciones para reclamar el pago de una deuda que estimó en 36 millones de pesos.

Según explicó, el acusado fue citado judicialmente, compareció en una oportunidad y fue declarado deudor alimentario, pero no realizó los pagos correspondientes.

El niño de 11 años tiene una discapacidad, recibe tratamiento psicológico y psicopedagógico y permanece bajo el cuidado exclusivo de su madre.

La letrada sostuvo que Telleldín mantiene incumplimientos tanto con sus obligaciones familiares como con las deudas que le reclama el Estado nacional.

La intervención del fiscal federal Sebastián Basso

El conflicto judicial sumó un nuevo capítulo el 25 de septiembre, cuando el fiscal federal Sebastián Lorenzo Basso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe, a cargo de Florencia Saravia.

La presentación surgió a partir de información obtenida durante una investigación patrimonial vinculada con Telleldín.

El funcionario advirtió sobre la posible existencia de conductas que podrían configurar delitos de acción pública contra Cardinali y su hijo, entre ellas amenazas e insolvencia fraudulenta.

En su escrito, Basso señaló que el niño no habría recibido aportes económicos de su padre y que existían registros de audio y video con expresiones intimidatorias dirigidas a la denunciante.

El fiscal también indicó que el vínculo entre Telleldín y su hijo habría sido prácticamente inexistente.

Estas circunstancias fueron incorporadas al planteo judicial desde una perspectiva de género y de protección de los derechos del menor.

Investigan posibles maniobras para ocultar bienes

Otro de los aspectos señalados por la Fiscalía Federal se relaciona con presuntas operaciones destinadas a ocultar o transferir patrimonio para evitar el cumplimiento de obligaciones económicas.

Según la investigación, se habrían detectado movimientos de bienes hacia la actual pareja de Telleldín, quien, de acuerdo con la evaluación del fiscal, no contaría con capacidad económica suficiente para justificar ese patrimonio.

Basso planteó que estas maniobras podrían estar relacionadas tanto con el incumplimiento de obligaciones alimentarias como con la deuda que el abogado mantiene con el Estado nacional por su condena en la causa vinculada con la AMIA.

En ese contexto, el fiscal solicitó que se evaluaran posibles riesgos de fuga y ocultamiento de pruebas.

También requirió la realización de una audiencia imputativa y la implementación de medidas cautelares y de protección para la mujer y su hijo.

Los antecedentes judiciales de Telleldín en la causa AMIA

Carlos Telleldín estuvo acusado de haber proporcionado el vehículo utilizado como coche bomba en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.

Sin embargo, fue absuelto después de haber enfrentado dos juicios por ese hecho.

En 2019 recibió una condena de tres años y seis meses de prisión por peculado, relacionada con el cobro de 400.000 dólares provenientes de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según la condena, ese dinero fue entregado para que acusara falsamente a policías bonaerenses.

Actualmente, el abogado enfrenta un procedimiento judicial en el ámbito federal destinado a recuperar esos fondos.

Como parte de las medidas patrimoniales, la Justicia dispuso embargos sobre dos vehículos y ocho propiedades registradas a nombre de su actual pareja.

Salió del país sin restricciones judiciales

A pesar de las solicitudes formuladas por el fiscal Basso, Telleldín viajó a Uruguay el 7 de noviembre sin que existieran impedimentos legales para abandonar Argentina.

La salida del país se concretó mientras continuaban pendientes los planteos realizados ante la Justicia santafesina por las denuncias de violencia y el reclamo alimentario.

La semana posterior al viaje, la secretaría que interviene en la causa AMIA comunicó la situación al juzgado de Familia de Santa Fe encargado del expediente por incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Mientras tanto, Cardinali continúa reclamando respuestas judiciales y medidas que garanticen su protección y la de su hijo.

La situación mantiene abiertos dos frentes judiciales en Santa Fe: la investigación penal por las conductas denunciadas y el proceso de Familia por la deuda alimentaria, además de las actuaciones federales relacionadas con la recuperación de los 400.000 dólares de la causa AMIA.

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