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Sociedad
denuncias por presunto maltrato en geriátricos reavivan el debate sobre los controles y la protección de adultos mayores

Un reclamo por supuestas situaciones de abandono y maltrato en una residencia de Campo Quijano volvió a poner bajo análisis las responsabilidades municipales y provinciales. La legislación establece mecanismos de fiscalización, intervención ante denuncias y medidas de protección para las personas mayores.
Una denuncia por presuntas situaciones de abandono y maltrato en un geriátrico de Campo Quijano, provincia de Salta, reabrió la discusión sobre los controles que deben cumplir las residencias destinadas al cuidado de adultos mayores y los procedimientos previstos cuando se advierten posibles vulneraciones de derechos.
El caso surgió a partir del testimonio público de una vecina de la localidad. Sin embargo, las acusaciones todavía requieren corroboración y no permiten establecer que los hechos denunciados hayan ocurrido ni atribuir responsabilidades.
La situación también plantea interrogantes sobre las obligaciones de los organismos estatales encargados de habilitar, inspeccionar y supervisar estos establecimientos, así como sobre las medidas que deben adoptarse cuando existe un riesgo para sus residentes.
Quiénes deben controlar los geriátricos en SaltaLa fiscalización de las residencias para adultos mayores comprende responsabilidades municipales y provinciales, aunque las competencias específicas dependen de la jurisdicción donde funciona cada establecimiento.
En Salta capital, la actividad está regulada por la Ordenanza 12.508 y sus modificaciones.
El Decreto municipal 0089/2026 establece que la Secretaría de Desarrollo Social tiene funciones específicas relacionadas con la habilitación y las políticas públicas destinadas a establecimientos residenciales para personas mayores.
La normativa también diferencia las responsabilidades de Habilitaciones Comerciales, encargada de los certificados correspondientes, y de Control Comercial, que verifica el cumplimiento de las disposiciones comerciales.
Estas tareas deben coordinarse con la supervisión especializada de las condiciones de atención y cuidado.
Además, la Municipalidad cuenta con la Dirección General de Adultos Mayores y la Dirección de Gerontología como áreas de consulta y supervisión.
En el caso de Campo Quijano, las disposiciones municipales de Salta capital no se aplican automáticamente. Para determinar qué organismo debe intervenir es necesario identificar la normativa local y las áreas responsables de las habilitaciones e inspecciones.
Qué condiciones deben cumplir las residencias para adultos mayoresLa normativa vigente en Salta capital establece distintos requisitos para evaluar el funcionamiento de estos establecimientos.
El artículo 6 de la Ordenanza 12.508, modificado por la Ordenanza 15.553, contempla controles sobre la alimentación, la higiene, la infraestructura y las condiciones generales de atención.
Entre los aspectos que deben verificarse se encuentran:
La calidad y cantidad de los alimentos, con certificación profesional.Las condiciones de higiene y bioseguridad.Los accesos y espacios de circulación para residentes con distintos niveles de dependencia.El estado del edificio, las instalaciones y el equipamiento.La relación entre los ambientes disponibles y la cantidad de plazas.La documentación de los responsables técnicos, administrativos y legales.Como referencia complementaria, la Resolución nacional 3315/2023 establece directrices vinculadas con los recursos humanos, la atención médica, los protocolos de funcionamiento y los registros individuales de los residentes.
Estos lineamientos también contemplan la documentación relacionada con medicamentos, prestaciones y necesidades nutricionales.
Cada cuánto tiempo deben realizarse las inspeccionesEn Salta capital, los controles a las residencias deben efectuarse con intervalos que no superen los tres meses.
La Ordenanza 15.553 también dispone la presentación de un informe semestral ante el Concejo Deliberante sobre la calidad de las prestaciones brindadas.
A nivel provincial, la Ley 8.221 establece la realización de inspecciones periódicas conjuntas entre los organismos involucrados.
Sin embargo, la frecuencia de esos procedimientos queda a cargo de la autoridad de aplicación y no se identificó el instrumento que determina el intervalo específico para toda la provincia.
Por ese motivo, las exigencias establecidas para la capital salteña no deben trasladarse automáticamente a los establecimientos ubicados en Campo Quijano u otros municipios.
Qué debe ocurrir cuando se denuncia maltratoAnte una denuncia por presunto maltrato, abandono o vulneración de derechos, la intervención estatal debe contemplar la evaluación del riesgo y la protección de las personas afectadas.
La Ley 8.221 prevé mecanismos de recepción de denuncias, solicitudes de protección y asesoramiento durante las 24 horas, todos los días.
También contempla la intervención de equipos interdisciplinarios encargados de analizar cada situación y determinar las medidas correspondientes.
Cuando se identifica un riesgo elevado, puede disponerse la derivación a instituciones de alojamiento o tratamiento.
El procedimiento incluye el registro del caso, el seguimiento de las personas afectadas y la intervención judicial cuando corresponda.
Es importante distinguir entre una inspección administrativa y una investigación penal.
La primera tiene como finalidad verificar las condiciones de funcionamiento y el cumplimiento de las habilitaciones. La segunda busca determinar si existieron delitos y establecer eventuales responsabilidades.
Las intimaciones, sanciones económicas o clausuras deben estar fundamentadas en las normas aplicables y en las actuaciones de cada jurisdicción.
Una clausura administrativa, por sí sola, no constituye una condena por maltrato.
Dónde denunciar situaciones de maltrato o abandonoLas familias que adviertan posibles irregularidades cuentan con diferentes canales de comunicación y denuncia.
Ante una emergencia que requiera intervención inmediata, pueden comunicarse con el 911, disponible en toda la provincia.
Cuando se sospecha la comisión de un delito, corresponde presentar la denuncia ante la Policía o la fiscalía competente. El Ministerio Público Fiscal también dispone de un sistema de denuncias por internet para situaciones que no requieren asistencia urgente.
Para recibir orientación y asistencia provincial, se encuentra disponible la Secretaría de las Personas Mayores, con sede en 20 de Febrero 465, Salta capital, y teléfono 0387 2420331. Su competencia también alcanza a situaciones del interior provincial.
En Salta capital, el municipio informa que las denuncias por maltrato, abuso o vulnerabilidad pueden realizarse mediante la línea 147.
Para consultas sobre habilitación y supervisión de establecimientos en esa ciudad, se encuentran disponibles el teléfono 0387 4160900, interno 1006, de 8 a 14, y el número 3872155050. Las oficinas correspondientes están ubicadas en avenida Paraguay 1240.
Qué sucede con los residentes cuando se clausura un geriátricoUna eventual clausura debe contemplar la situación de cada persona alojada y garantizar que no se interrumpan los cuidados necesarios.
La Ley 8.221 prevé derivaciones institucionales cuando se detectan situaciones de alto riesgo, aunque no establece en el artículo citado un único responsable del traslado para todos los procedimientos de clausura.
Por ese motivo, una intervención debe definir cómo se organizará la reubicación, cuál será el destino de los residentes y de qué manera continuará la atención médica, la alimentación y la administración de medicamentos.
Estas decisiones también deben considerar la voluntad y las condiciones particulares de cada persona mayor.
En Campo Quijano todavía queda pendiente determinar qué protocolo local corresponde aplicar y cómo se distribuyen las responsabilidades operativas entre los organismos competentes.
Antecedentes de controles en Rosario de Lerma y Salta capitalLa problemática de las residencias para adultos mayores también tuvo antecedentes recientes en otras localidades salteñas.
El 26 de febrero de 2026 se conocieron denuncias formuladas por una exempleada del geriátrico Santísima Trinidad, de Rosario de Lerma.
Ese mismo día, la Municipalidad informó que el establecimiento no contaba con habilitación y había recibido sanciones administrativas. Las acusaciones de la exempleada deben diferenciarse de esas actuaciones oficiales.
Otro antecedente corresponde a la residencia La Residencia, en Salta capital, cuya clausura fue difundida el 15 de julio de 2025.
Al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal informó que investigaba una posible violación de sellos, debido a que el establecimiento habría continuado funcionando pese a la clausura.
En ese procedimiento se comunicó una detención y la realización de exámenes médicos a los 16 residentes.
La información judicial difundida en ese momento no acreditaba una condena por maltrato.
La importancia de garantizar controles y respuestas ante las denunciasLa situación denunciada en Campo Quijano vuelve a poner en discusión la necesidad de identificar con claridad las competencias de los organismos encargados de supervisar las residencias para adultos mayores.
La protección de los residentes requiere controles administrativos, evaluaciones de las condiciones de atención y procedimientos que permitan actuar cuando se presentan denuncias o situaciones de riesgo.
Mientras las acusaciones sobre el establecimiento de Campo Quijano permanecen pendientes de corroboración, el marco normativo provincial establece herramientas para intervenir y adoptar medidas de protección, cuya aplicación debe ajustarse a las competencias y procedimientos correspondientes.
